4 respuestas en este tema

[Aciana]

El pasado mes de febrero, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), emitía un duro comunicado de prensa en el que exigía a la Administración que pusiera coto al fraude en la venta de carburantes.

El fraude fiscal denunciado consistiría en la venta por debajo de coste de gasolina y gasóleo por parte de determinados operadores al por mayor, que luego no liquidarían los impuestos correspondientes a estos productos. Advertían, además, que los defraudadores condenan a muerte a las estaciones de servicio que sí cumplen las normas

 

Fuente: https://ceees.com/ce...de-carburantes/

 

Pues bien, esta semana la Agencia Tributaria facilitaba la siguiente noticia:

 

La Agencia Tributaria requiere información a más de 400 gasolineras de 14 CCAA por el fraude de IVA en el sector de hidrocarburos

 

• Funcionarios de la AEAT se han personado en estaciones de servicio que venden producto de forma continuada a un precio anormalmente bajo
• En la actuación se han solicitado datos de proveedores y precios de suministro, además de advertir a estas gasolineras de las responsabilidades en que podrían incurrir al comprar carburante a otros minoristas, algo que está prohibido por la Ley de Hidrocarburos
• En los últimos años, la Agencia ha desarticulado numerosas tramas de fraude en el IVA en el sector y mantiene abiertas varias investigaciones

Funcionarios del Área de Inspección de la Agencia Tributaria se han personado en más de 400 gasolineras de 14 CCAA en el marco de la operación denominada ‘Fuel’, una actuación de obtención de información sobre el fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos.

 

Durante la actuación, iniciada ayer y completada en el día de hoy, se ha solicitado a estas estaciones de servicio, que venían vendiendo el combustible a precios anormalmente bajos, datos de sus proveedores y precios de suministro, además de advertir a las gasolineras de las responsabilidades en que podrían incurrir al comprar el producto a otros minoristas, algo que está prohibido por la Ley de Hidrocarburos desde el pasado 28 de marzo.

 

En concreto, los funcionarios de la Agencia han solicitado datos en tiempo real de los proveedores de estas estaciones de servicio al objeto de detectar posibles sociedades instrumentales que puedan formar parte de entramados de fraude de IVA en el sector.

También se solicita información sobre el lugar de procedencia del producto, justificantes y precios de suministro, así como medios de cobro al consumidor final. Una vez recibida la información solicitada, la Agencia continuará con las investigaciones pertinentes.

 

Fraude y competencia desleal

 

Las personaciones también tienen por objeto advertir a las gasolineras de las responsabilidades en que pueden incurrir si adquieren el producto a precios notoriamente anómalos, como señala el artículo 87.5 de la propia Ley de IVA, que establece la responsabilidad subsidiaria del adquirente en estos casos.

Igualmente, se ha informado a las gasolineras de la prohibición de adquirir productos a otros minoristas, ámbito en el que se suelen posicionar las habituales tramas de IVA del sector de hidrocarburos.

 

La reciente modificación de la legislación de hidrocarburos prohíbe desde el 28 de marzo pasado que los operadores al por mayor puedan vender a empresas que no sean otros mayoristas, o bien distribuidores de carburante al consumo, y también que los distribuidores minoristas vendan a otros minoristas o a mayoristas.

 

Con ello se pretende evitar en gran medida la utilización de comercializadoras o intermediarios en la materialización y ocultación del fraude de IVA en el sector, que además del perjuicio evidente que supone para la Hacienda pública, implica una reducción de precios artificial e introduce competencia desleal en el sector.

 

La experiencia de operaciones realizadas con anterioridad pone de manifiesto que la personación de la Administración en los locales o domicilios donde se realiza la actividad económica, o donde se lleva a cabo la gestión del negocio, permite una lucha más efectiva contra los incumplimientos susceptibles de regularización.

 

La personación en las empresas, se configura, por tanto, como un elemento esencial en el control del fraude complejo, especialmente en aquellos ámbitos de difícil comprobación, como las redes organizadas de defraudación en el ámbito de la compraventa de hidrocarburos.

 

Las tramas de IVA

 

El fraude de IVA en el sector de hidrocarburos se ha canalizado desde hace años a través de tramas de defraudación que, aplicando en parte el resultado del fraude a una bajada importante del precio de venta al público, consiguen incrementar notablemente sus ventas.

 

En los últimos tiempos, coincidiendo con subidas considerables de los precios de los carburantes por la situación de los mercados, este efecto se ha incrementado por la interposición en la compraventa de combustible de entidades instrumentales que no ingresan el IVA correspondiente.

 

Al igual que en años anteriores, las Directrices del Plan de Control de la AEAT para 2024 subrayan la importancia del control de todos los sujetos intervinientes en la cadena de distribución de los hidrocarburos hasta su distribución minorista, incluyendo el control del fraude al IVA, y las tramas activas de defraudación. En los últimos años, la Agencia Tributaria ha desarticulado numerosas tramas de fraude de IVA en el sector y mantiene abiertas varias investigaciones en esa misma línea.

 

 

Fuente: https://sede.agencia...rocarburos.html

[BlackFox]

Vaya tela... Mira de donde salen algunos precios. 

 

No me quiero  imaginar la complejidad... 

Editado por BlackFox, 18 mayo 2024 - 23:25:29.

[Aciana]

Reacción de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) tras la operación lanzada por la Agencia Tributaria

 

Suministradores al por mayor y estaciones de servicio celebran que se haya propuesto garantizar el pago del IVA para atajar las prácticas fraudulentas en los carburantes

 

Unión del sector en la lucha contra el fraude en la distribución de hidrocarburos

 

CEEES, AEVECAR, AOP y UPI consideran imprescindible que antes de que se extraigan los carburantes del depósito se establezcan medidas para garantizar el pago del IVA, como la presentación de un aval o la demostración de que se trata de un operador confiable

 

Madrid, 18 de marzo de 2024.- CEEES, AEVECAR, AOP y UPI celebran el debate abierto en la lucha contra las prácticas fraudulentas en la distribución de carburantes en el marco de la tramitación como proyecto de Ley del Real Decreto-Ley 8/2023. Suministradores al por mayor y estaciones de servicio apoyan la iniciativa propuesta por algunos grupos parlamentarios, que consiste en garantizar a la Administración el pago del IVA correspondiente antes de que se puedan extraer los carburantes del depósito.

 

Tal y como reconoce el Gobierno en la exposición de motivos del citado Real Decreto-Ley, el fraude ha alcanzado cotas gravísimas y se está incrementando exponencialmente. Las asociaciones acogen positivamente que la norma haya incorporado medidas que contribuyan a combatir algunas prácticas fraudulentas, pero recalcan que resultan insuficientes, ya que no abordan, por ejemplo, el fraude fiscal en el IVA.

 

En este sentido, consideran imprescindible que antes de antes de que salga de los depósitos fiscales donde se almacena el carburante, se garantice el pago del IVA correspondiente a la venta posterior del producto. La garantía puede consistir o bien en presentar un tipo de aval o bien en demostrar que se trata de un operador confiable. Así se limitan las opciones que actualmente permiten a los operadores fraudulentos no ingresar el IVA que corresponda a las arcas públicas y se dota de seguridad jurídica a todos los eslabones de la cadena, que siempre tendrán la certeza de que sus proveedores cumplen con sus obligaciones fiscales.

 

Por este motivo, las asociaciones respaldan la propuesta de modificar la Ley del IVA para así atajar el fraude que se produce cuando los carburantes se compran dentro de un depósito fiscal, con exención del impuesto, por un operador fraudulento que luego los vende con repercusión de un IVA que no ingresará en la Hacienda Pública.

 

“Solución italiana”

 

Señalan, además, el caso de éxito de Italia, que también afrontaba una situación similar, y está aplicando esta medida desde 2019. Desde la Administración italiana han subrayado su efectividad y su facilidad de implantación.

 

Suministradores al por mayor y estaciones de servicio recalcan que el fraude en la distribución de carburante es un grave riesgo en las distintas fases de la cadena, por lo que su erradicación requiere de un conjunto de medidas en distintos ámbitos, por lo que celebran la incorporación de medidas como la “solución italiana”,  propuesta por algunos de los grupos parlamentarios, como un paso decidido en la buena dirección para resolver un problema que atañe al conjunto de la ciudadanía, a la Hacienda Pública y a la competencia sana en el sector. Por este motivo, las asociaciones recalcan la importancia de que se valore su puesta en marcha y confían en que los grupos parlamentarios respalden su aprobación e incorporación a la redacción definitiva de la Ley.

 

Fuente: https://ceees.com/su...os-carburantes/

 

 

[Aciana]

El fraude del diésel salta por los aires y alcanza ya el 25% de las ventas

 

El sector lanza una batería de medidas para cortar la hemorragia de ingresos

 

El sector de los hidrocarburos ha dado la voz de alarma y alerta de que el fraude de los carburantes crece con fuerza en España. Según las estimaciones que manejan las principales asociaciones, el agujero supera ya los 1.000 millones, lo que puede implicar entre el 25% y el 30% de las ventas y las medidas para tratar de paliarlo no llegan.

La Asociación Operadores Petrolíferos (AOP), la Unión de Petroleras Independientes (UPI), la Confedereación Española de Estaciones de Servicios (CEEES) y la Agrupación Española de Vendedores al por menor de carburantes y combustibles (Aevecar) se han reunido en CEOE para hacer un llamamiento ante esta situación que ha empeorado notablemente desde principios de año y tratar de plantear soluciones urgentes al Gobierno.

El Ejecutivo reconoció a principios de año las crecientes prácticas fraudulentas por el incumplimiento de obligaciones sectoriales respecto de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), el Sistema de Información para la Certificación de los Biocarburante (SICBIOS), el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), así como los ingresos fiscales (IVA, IIEE).

 

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han avanzando durante este tiempo en sus investigaciones y abierto otras nuevas para hacer frente a esta lacra que afecta, no solo a los ingresos del estado sino también a los niveles de emisiones.

La primera propuesta que se ha puesto sobre la mesa en este debate parte de la Unión de Petroleras Independientes, que considera que se necesita una modificación de la Ley del IVA para aclarar cómo operar en un depósito fiscal de hidrocarburos de forma que se garantice la transparencia y el control.

UPI plantea que el IVA se pague previamente a la extracción del carburante y que los operadores, independientemente de su tamaño, efectúen liquidaciones mensuales. Esta medida facilitaría el control por parte de la Administración tributaria y agilizaría la capacidad de detección del fraude.

 

En lo que respecta a los biocarburantes, la Asociación Operadores Petrolíferos pide elevar el porcentaje mínimo de la obligación que se debe cumplir mediante la venta física y reducir asimismo los pagos compensatorios. La patronal petrolera propone acortar el plazo en el que se verifica si los operadores han cumplido sus obligaciones para actuar con una mayor agilidad acompañando esta obligación de realizar pagos compensatorios por el déficit de certificados de cada sujeto obligado en el momento de verificación. Para ello, habría que condicionar la anotación de certificados a favor de un sujeto al cumplimiento de sus obligaciones compensatorias, cancelar de oficio la cuenta de certificación y tramitar la inhabilitación de aquellos sujetos que no hayan abonado, en plazo, dicho pago.

 

Desde Aevecar, proponen establecer mayores controles en los eslabones previos de la cadena para contar con operadores fiables. Para ello consideran que habría que incrementar las condiciones exigidas a los operadores al por mayor, tanto en la comunicación de inicio de actividad, como mediante una supervisión regular de su cumplimento a lo largo de su vida activa con el objeto de facilitar la identificación de los incumplimientos y proceder a la inhabilitación. Para Aevecar habría que exigir una garantía financiera para que los operadores iniciasen su actividad. Hacer un seguimiento a los nuevos así como a los conocidos como "operadores dormidos".

A este respecto, por ejemplo, plantean al Ejecutivo que dé de baja al operador si no ha tenido actividad comercial durante un año y acorte los plazos de tramitación de los expedientes sancionadores.

Aevecar reclama crear un grupo de trabajo entre Ministerio, AEAT, CNMC y CORES, con la participación de los operadores al por mayor, para mejorar la lucha contra el fraude en el sector.

 

Para la Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio, el Gobierno debería verificar las vinculaciones societarias y accionariado, la verificación de la capacidad técnica o realizar un seguimiento para controlar que se cumple la declaración responsable antes de dar de alta en el Registro de operadores (REDEF).

Asimismo, los propietarios de estaciones de servicio indican también que en los depósitos fiscales, se pueden adoptar medidas como revocar con rapidez la autorización para operar como titulares de depósitos fiscales en caso de que se incumpla la normativa mediante una actuación rápida y rigurosa de la Agencia Tributaria. Y apuesta por la utilización de la ciencia de datos para monitorizar la actividad de los depósitos, ya que hay instalaciones que registran movimientos muy elevados para la capacidad de almacenamiento que tienen.

 

Fuente: https://www.eleconom...las-ventas.html

 

 

 

[Aciana]

Desarticulada una organización criminal que habría defraudado más de 100 millones de euros en la comercialización de hidrocarburos

• La organización, asentada en Sevilla, vendía ingentes cantidades de hidrocarburos a un precio por debajo del valor del mercado en todo el territorio nacional
• La organización contaba con un empleado de banca que facilitaba la apertura de cuentas bancarias, a nombre de testaferros, desde las cuales se desviaban los beneficios obtenidos de la evasión fiscal
• Más de 46 detenidos y 30 personas jurídicas investigadas en una operación que ha permitido el bloqueo de 100 cuentas bancarias y la traba de 25 inmuebles, tres embarcaciones y seis vehículos de alta gama

 

La Agencia Tributaria y Guardia Civil, en el marco de una operación conjunta, han desarticulado una organización criminal que habría llegado a defraudar más de 100 millones de euros en la comercialización de hidrocarburos. La organización, asentada en Sevilla, vendía ingentes cantidades de producto a un precio inferior al de mercado en toda España y contaba con un empleado de banca que facilitaba la apertura de cuentas a nombre de testaferros para el desvío de los beneficios. La operación se ha saldado con 46 detenidos, 30 sociedades investigadas, el bloqueo de 100 cuentas bancarias y la traba de 25 inmuebles, tres embarcaciones y seis vehículos de alta gama.

La operación, denominada ‘Memorable’, se inicia en el año 2023, tras tener conocimiento de una serie de corporaciones del sector de hidrocarburos con domicilio social en Sevilla que, tras la correspondiente comercialización de hidrocarburos, estarían defraudando grandes cantidades de dinero como consecuencia de no liquidar el IVA correspondiente.

La instrucción del caso ha contado con la participación del Equipo de Delincuencia Económica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla, y la Inspección Regional de la Agencia Tributaria en Andalucía, que ha colaborado en esta operación conjunta por la presunta comisión de delitos fiscales.

Las primeras pesquisas practicadas, confirmaron la existencia de una organización criminal oculta tras el entramado empresarial. Es por ello que se intensificó el control de actividades sobre el grupo de personas identificadas, con el objetivo de recabar indicios para el esclarecimiento de la red oculta detrás de esas sociedades.

Tras meses de intensa investigación, la información reportada por las declaraciones tributarias y la inteligencia obtenida del control de actividades sobre los principales sospechosos, se obtuvieron indicios que ponían de manifiesto la existencia de una organización criminal, liderada por un clan familiar afincado en Sevilla. Este clan, apoyado por el resto de integrantes del grupo, creaban entramados societarios para cada uno de los distintos ejercicios fiscales y de los cuales se valían para cometer el fraude.

 

Testaferros y cambios de entramados para ocultar el fraude

 

El modus operandi empleado por la cúpula de la organización siempre se repetía en el tiempo. La organización se beneficiaba de los resquicios normativos que regulan la comercialización de los hidrocarburos, constituyendo entramados societarios con utilización de testaferros que actuaban en calidad de administradores de las empresas en cada uno de los ejercicios fiscales investigados desde el 2019 al 2023.

El diseño de los entramados societarios, realizado por la cúpula de la organización, cada vez estaba mejor diseñado. El objetivo era dificultar tanto la labor inspectora, como la investigación. Los entramados creados para perpetrar el fraude cambiaban constantemente y tenían una vida útil muy limitada, no extendiéndose más allá de un año (un ejercicio fiscal).

Las estructuras societarias abarcaban casi la totalidad del territorio nacional, lo que permitía a la organización poder abastecer de hidrocarburos a pequeños comerciantes de diferentes puntos de la península. Las principales oficinas desde las que se gestionaban las ventas se encontraban en Barcelona y Jerez de la Frontera.

 

Un empleado de banca captado

 

Otro pilar de la organización lo conformaba un empleado de banca que habían captado los dirigentes de la organización para la apertura de cuentas bancarias a nombre de testaferros, desde las cuales se desviaban los beneficios obtenidos de la evasión fiscal.

Este empleado de banca igualmente prestaba la función de asesoramiento a la cúpula de la organización sobre posibilidades de financiación, los fondos existentes, la conveniencia de apertura de cuentas fraudulentas en distintas sociedades y las posibilidades de financiación para saltar las alertas del sistema de prevención de blanqueo de capitales.

La actividad delictiva de la organización se incrementó exponencialmente durante los últimos meses de la investigación. El principal motivo era que se acercaba la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2023 por el que se acuerda la prohibición de ventas entre distribuidores de carburantes al por menor, lo que obligaba a restructurar el modus operandi utilizado por la organización en los últimos años.

Esta evasión fiscal no sólo les reportaba cuantiosos beneficios, si no que les permitía ofrecer unos precios de mercado muy bajos, compitiendo deslealmente con el resto de operadores legales del sector, de forma que acaparaban gran parte del mercado.

 

Blanqueo de beneficios obtenidos

 

La organización blanqueaba parte de los beneficios mediante la inversión en criptomonedas y adquisición de empresas del sector sanitario y hotelero, la restauración y los clubs náuticos.

Igualmente, las personas implicadas en el entramado diversificaron parte de los beneficios reportados por el fraude fiscal, con los que han financiado parte de los bienes de los que hacían uso (viviendas, vehículos de alta gama, viajes de lujo y joyas).

El procedimiento judicial continúa en fase de instrucción, quedando pendiente parte de la cuantificación del fraude fiscal cometido. Por el momento, el fraude superaría los 100 millones de euros desde 2019.

 

Registros y efectos intervenidos

 

Tras la fase de investigación inicial, el pasado 19 de febrero el juzgado instructor acordó la práctica de 16 entradas y registros en las viviendas y oficinas de algunos de los miembros de la organización, distribuidos en Sevilla (8), Algeciras (1), Jerez de la Frontera (1), Málaga (2), Marbella (1), Granada (1), Barcelona (1) y Tarragona (1).

En el mismo día y con el objetivo de garantizar que se sufraga parte de la deuda tributaria contraída, por parte del juzgado instructor se acordó la anotación preventiva de embargo de 25 inmuebles, la traba de tres embarcaciones y el bloqueo de más de 100 cuentas bancarias de las más de 500 analizadas, siendo el saldo total bloqueado de unos nueve millones de euros. Igualmente, durante los registros se intervinieron más de 300.000 euros en efectivo y seis vehículos de alta gama.

Tras la práctica de las diligencias, y durante distintas fases de la investigación, se ha procedido a la detención de más de 46 personas físicas y más de 30 personas jurídicas se encuentran investigadas. La operación ‘Memorable’ continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Fuente: https://www.guardiac...icias/9022.html